Juan Pablo Martino fue técnico del equipo femenino de sóftbol de la Municipalidad desde 1999 hasta el 29 de enero, cuando el recién asumido director de Deportes del gobierno macrista, Gustavo Parodi, le dijo que no iba a trabajar más «por órdenes de arriba». Se desempeñaba en el polideportivo Gorki Grana.

En la mañana del 2 de febrero, bajo la sombra de un árbol y enfrente a la Unidad de Gestión Comunitaria Nº 4 de Castelar, Juan Pablo Martino cebaba mates entre un grupo de trabajadores que exigían explicaciones por los despidos en el Municipio de Morón. Todavía se comentaba el absurdo: un rato antes, Sebastián Simone, flamante secretario de la UGC y responsable de cinco cesantías, se había tirado al piso en una actuación digna de Leonardo Dicaprio para simular una agresión inexistente de los manifestantes. “¡Prensaaaa! ¡Prensaaaa!”, gritó. Simone, representante de la juventud en los años de rousselotismo, había sido nombrado por el intendente macrista Ramiro Tagliaferro, cuya ahora ex mujer es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. No le quedó otra, el hecho había alcanzado un alto nivel de repercusión: al día siguiente, Simone le presentó la renuncia a Tagliaferro.

Juan Pablo Martino fue el técnico del equipo femenino de sóftbol del Municipio de Morón desde 1999 hasta el 29 de enero. Entrenador de las selecciones argentinas y con reconocimiento internacional, ese día fue citado por el nuevo director de Deportes, Gustavo Parodi. “Estaba cumpliendo tareas en la colonia de vacaciones, porque todavía no había iniciado el trabajo en sóftbol. No me dio más motivo de que le llegaba una ‘orden de arriba’. Nunca me vio trabajar. Le expliqué mi carrera en estos 16 años, mi modo de trabajar, mi presentismo, todos los logros deportivos…”, relata Martino, 39 años, padre de Talista, de cinco, y a la espera de un hijo, y busca darle sentido a la decisión: “Al no recibir ninguna justificación interpreto que es un despido por ideología, entendiendo que fuera de mi trabajo tengo una vida de participación política, de militancia, de compromiso con la comunidad”. Martino se recibió de profesor de Educación Física en General Las Heras. Se acercó al sóftbol a partir de un profesor que desarrolló el deporte en el pueblo. Fue como acompañante a los Juegos Bonaerenses; hasta que en 1999 recibió la propuesta de José Montiel, ex jugador de béisbol, para que lo ayudara en las clases en la escuela pública Nº 7 de Castelar, partido de Morón.

“Estaba recién recibido y sin trabajo -recuerda Virula, como le dicen a Martino-, por lo que con un poco de osadía le dije que podía, aunque en realidad eran puras ganas y necesidad de laburar. Allí trabajé en 1999 de manera gratuita. En diciembre, el nuevo director de Deportes de la gestión entrante de Martín Sabbatella nos sumó al equipo de la Dirección de Deportes y nos dio todas las herramientas para desarrollar el sóftbol”.

Para entonces eran 11 chicas. Un equipo de Cadetes, de menores de 17 años. El nivel era básico. Perdían 20-0. Con los años, armaron un equipo de Juveniles, y después uno de Primera División en 2002. El equipo de sóftbol femenino de Morón ganó tres veces el Campeonato Nacional de Clubes, el torneo más importante a nivel nacional. Muchas jugadoras integraron el seleccionado y viajaron por el mundo. Holanda, Italia, Estados Unidos. Martino fue convocado a la selección argentina mayor y juvenil, primero como asistente y más tarde como entrenador. Cuando empezó en la escuela de Castelar, se juntaban con el equipo masculino en el polideportivo municipal Gorki Grana. Los matones del intendente Juan Carlos Rousselot los echaban. Y ellos trataban de esconderse en un pedazo de tierra para entrenarse. Hoy la cancha de sóftbol del Municipio de Morón es reconocida a nivel provincial como una de las mejores. Tiene polvo de ladrillo, alambre perimetral, luces. “Fuimos creciendo año a año, cuantitativa y cualitativamente, a través de un trabajo colectivo”, destaca Martino.

En el predio del polideportivo Gorki Grana se encuentra la Casa de la Memoria y la Vida. Entre 1977 y 1978 funcionó en el lugar la Mansión Seré -o Atila, en la jerga genocida-, un centro clandestino de detención de la última dictadura cívica militar. La Casa de la Memoria fue atacada antes del balotaje con una pintada: “El 22 se termina el curro”. Hacía referencia a una declaración de Mauricio Macri publicada en el diario La Nación el 8 de diciembre de 2014, en su escalada a la presidencia: “Conmigo, se acaban los curros de los derechos humanos”. Fue el intendente Rousselot, hombre de José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, fachada legal de la Alianza Anticomunista Argentina, la ultraderechista Triple A, quien mandó a construir una réplica de la casona original para sus futuras reuniones de gabinete. Destituido en dos ocasiones por reiteradas denuncias de corrupción, Rousselot no pudo utilizar “la Olivos de Morón” o “la Casa Blanca”, como se la llamó en aquel tiempo de Carlos Menem.

“El del Gorki -retoma Martino- era mi trabajo más importante desde lo económico, y desde lo vocacional también, porque fue a partir de mi trabajo allí que me eligieron como entrenador de la selección argentina durante nueve años”. Por más Tiempo se comunicó con Gustavo Parodi, el director de Deportes de Tagliaferro, un empresario vinculado al tenis a través de Next Tenis, cuya tarea privada se enfoca, según se lee en la página web, a la “gestión y enseñanza en clubes y countries”.

-¿Por qué se decidió echar a Martino?
-No fue así. De todas maneras, tenés que hablar con la gente de prensa y ahí generar una entrevista.
-¿Cómo fue?
-No fue cómo te está diciendo. Pero no voy a manifestarme más. De hecho, no voy a manifestarme al respecto. No estoy autorizado a dar entrevistas por motu propio.

Hasta hoy, los equipos Cadetes y Juveniles femenino se entrenan con el técnico de los varones, en un grupo mixto, no recomendado para la edad, a pesar de que las autoridades prometieron cuando asumieron seguir creciendo en el sóftbol.

El equipo femenino de Morón tricampeón en Primera, en cambio, ya no existe.

Lo resolvió la asamblea de trabajadores del diario Tiempo Argentino. Irá desde las oficinas que tiene el Grupo 23 en Puerto Madero hasta el Ministerio de Trabajo.

 

Al mismo tiempo que se votó a favor de editar una edición especial en papel del diario para el 24 de marzo (ver aparte), en la asamblea de los trabajadores de Tiempo Argentino que se llevó a cabo el último jueves se resolvió volver a la calle para mostrar el conflicto que nos tiene sin cobrar nuestros salarios desde principios de diciembre del año pasado.
La asamblea resolvió movilizar el jueves 31 de marzo desde Puerto Madero (iniciando la concentración en las oficinas del Grupo 23, donde tienen sus despachos Sergio Szpolski y Matías Garfunkel) hasta el Ministerio de Trabajo, donde nunca fuimos recibidos por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Además, la asamblea decidió convocar a participar a todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales que quieran apoyar el reclamo de los trabajadores de prensa que pertenecen a esta diario que no se imprimer desde principios de febrero por una decisión de la empresa que, supuestamente, fue vendida en enero al empresario correntino Mariano Martínez Rojas.
Es una forma de unir en la misma marcha a los empresarios corruptos y vaciadores que no pagaron los salarios de diembre, enero y fernrero más el medio aguinaldo, con los funcionarios macristas que no se hacen cargo de esta situación, ni multando a la empresa ni pagando los repros, ni siquiera recibiendo a los delegados de los trabajadores ni al sindicato.
Otra de las resoluciones de la asamblea del jueves, que terminó cerca de la medianoche, fue sostener la permanencia en el edificio donde funcionan el diario y Radio América, en Amenábar 23, reforzar tanto las guardias nocturnas como matutinas y realizar un inventario sobre todos los elementos y el mobiliario que se encuentra en la redacción. Una permanencia que ya lleva un mes y medio. Y que los trabajadores adoptamos como una forma de cuidar nuestro lugar de trabajao ante la decidia de los empresarios que lo abandonaron.«

Una jueza vinculada al macrismo y al Grupo Clarín ordenó la acción judicial que llevaron a cabo efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería en la tarde de ayer. El motivo pudo haber sido una investigación del diario La Nación por una deuda del empresario con la AFIP, aunque también hubo un informe del canal crítico al gobierno.

 

 

Un fuerte allanamiento de dos horas tuvo lugar ayer en las instalaciones del canal opositor de noticias C5N. El operativo se dio en un marco complejo, que incluye denuncias por ataques a la libertad de expresión, una profunda investigación por corrupción y una jueza en la mira por estar involucrada con un poderoso medio oficialista y con el gobierno de Mauricio Macri.
Miembros de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería allanaron las instalaciones de C5N, el canal que pertenece al Grupo Indalo, liderado por los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza. El probable detonante que desembocó en el allanamiento pudo haber sido una investigación periodística que se editó en los últimos días en el diario La Nación, por la deuda de 8 mil millones de pesos del grupo Indalo con la AFIP.
Sin embargo, el accionar de la Justicia está empantanado en el barro de una puja de poderes. Periodistas de C5N salieron al cruce y acusaron que el operativo tiene más que ver con una acción política que con una judicial. «ALLANAN @C5N CON prefectura y gendarmeria. Esta Claro que buscan la CENSURA y ACALLAR VOCES. Verguenza. QUE HABRIA PASADO SI ERA EN OTRO LADO?», escribió en Twitter el conductor Gustavo Sylvestre. «No permiten que las cámaras graben su ingreso a oficinas de uso periodístico», tuiteó Alejandro Bercovich, en relación con el operativo.
La jueza en lo Penal Comercial María Verónica Stracchia impulsó varios allanamientos en empresas del Grupo Indalo por insolvencia fraudulenta. Es la jueza que ordenó el allanamiento de ayer y es la esposa de Jorge Sourigues, abogado de Cablevisión, empresa del grupo Clarín, aliado incondicional del gobierno nacional que lidera Macri. Por este mismo motivo, la imparcialidad de Stracchia estuvo en la mira en julio de 2015, cuando estalló el escándalo de las 4040 cuentas del banco HSBC en Ginebra, Suiza, entre las cuales figuraba Cablevisión. En aquel momento, Stracchia pidió apartarse de la causa, pero la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico rechazó la voluntad de la magistrada y la obligó a retomarla, por considerar que en el Código Penal ese vínculo no es excusa para pedir el recurso. Pero esto no es todo; según informó en su momento Tiempo Argentino, Sourigues, el esposo de Stracchia, tiene como expertisse los fraudes corporativos, conflictos societarios y delitos económicos. En mayo de 2014, Tiempo contó parte de una de sus gestiones, vinculada a Clarín y, de forma indirecta, a Mauricio Macri, ahora presidente. En aquel entonces, la Corte Suprema confirmó una investigación contra CIMECO SA, una firma del holding que gestiona los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. En esa pesquisa quedó apuntado Ignacio Driollet, uno de los directivos de la compañía, denunciado por evasión de más de $42 millones en Impuesto a las Ganancias. En 2012, previo a la intervención de la Corte, Driollet apeló vía sus abogados, Jorge Sourigues y Alejandro Pérez, quien también es abogado patrocinante de Macri. Cabe destacar, como también contó el diario, que Driollet, el defendido por el esposo de la jueza Stracchia, está investigado por lavado de activos a través de la firma PEM S.A., cuyo principal accionista es, justamente, la empresa Cablevisión.
Los vínculos de Stracchia –a través de su esposo- con el grupo Clarín y con Macri abonan la teoría del ataque a los medios opositores, que parecen tener sentencia firmada por el macrismo y sus poderosos medios aliados.
Además, según varias fuentes vinculadas a los trabajadores del canal de notoicias opositor, lo ocurido en las primeras horas de la tarde de ayer pudo haber tenido que ver con un duro, crítico y extenso informe que se emitió unas horas antes sobre los 100 días del macrismo en el poder. Ese informe periodístico, según informaron quienes lo realizaron, no cayó bien los despachos oficiales de la Casa Rosada. «Este canal es uno de los pocos focos opositores que hay en el periodismo televisivo actual y está claro que el gobierno no está dispuesto a bancarse que lo critiquen, tengan o no razón», afirmó uno de los periodistas del canal que trabaja en la producción. «Y acá no tiene nada que ver el dueño, la empresa ni nada. Nosotros no tenemos que responder por lo que hace o deja de hacer el dueño, pero no nos cabe que nos vengan a allanar porque nos parece que esta acción tiene connotaciones políticas y periodísticas más que judiciales. De hecho no pasó nada, sólo revolvieron papeles y se fueron los efectivos que vinieron», completó la fuente.
El allanamiento bien puede estar vinculado, también a la manera poco clara de hacer negocios de Cristóbal López y del grupo Indalo. En el medio, como siempre, quedan de rehenes los trabajadores de prensa y la libertad de expresión. «

 

La palabra oficial del Grupo Indalo

Unas horas después de finalizado el allanamiento de la Justicia al canal de noticias C5N y varias oficinas del Grupo Indalo, la empresa que encabeza Cristóbal López sacó un comunicado oficial para dar su punto de vista sobre lo ocurrido durante las primeras horas de la tarde de ayer. El siguiente es el texto completo de lo expresado:
«En el día de hoy por orden de la Jueza María Verónica Straccia se realizaron distintos allanamientos en diversas oficinas del Grupo Indalo. El Grupo Indalo colaboró facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma. Asimismo a través de sus abogados dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias.
Cabe señalar que el martes 15 de marzo de forma espontánea se presentaron ante el Juzgado el señor Cristóbal López y el señor Fabián De Sousa para ponerse a disposición de la Justicia.
El Grupo Indalo trabaja desde hace muchos años con transparencia y está siempre a disposición de los requerimientos de los diferentes poderes del Estado para informar de todas sus actividades.»

 

 

 

 

Una jueza laboral dictó la medida a raíz de un planteo de los trabajadores de Radio América. La suma, correspondiente a pauta publicitaria, deberá ser retenida por la agencia Télam 

 

La Justicia laboral dictó un embargo preventivo contra los empresarios Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas por más de un millón de pesos sobre la pauta oficial que el Estado le adeuda a la empresa Desup S.A, a partir de una presentación judicial realizada por los trabajadores de 1190 Radio América en relación a la millonaria deuda salarial con los empleados de la firma.
El abogado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), León Piasek, informó la novedad judicial en favor de los trabajadores de radio América: «Lo que se ha embargado es el dinero de pauta oficial por un monto superior al millón de pesos. Se ha comprobado la falta de pago de los salarios y que el derecho invocado es verosímil». La medida fue dictada por el Tribunal de Trabajo Nº 8.
La jueza Liliana Rodríguez Fernández ordenó librar un oficio a la agencia Télam, a través de la cual se cursa la pauta oficial del gobierno nacional, para que retenga 875.433 pesos más 175.000 de intereses y costas, con el objeto de asegurar la suma de 1.050.437 pesos que debían percibir los demanadados en concepto de facturación publicitaria.
La demanda fue impulsada por una veintena de trabajadores de Radio América, representados por el abogado Piasek, quien advirtió que hay más demandas en curso por afectados en esa empresa periodística.
«No cobran sueldos desde hace 102 días. Se probó la responsabilidad del Grupo 23. Y se probó la deuda salarial de varios meses, diciembre, enero, febrero, aguinaldo…Probamos el peligro de la demora por el estado de necesidad de los trabajadores y también la verosimilitud en el derecho, por lo que se dictó la cautelar», precisó el abogado laboralista.
El Gobierno nacional deberá transferir ese dinero a los trabajadores en un plazo de 72 horas.
“Dentro de este clima de incertidumbre, es una buena noticia”, dijo Piasek y remarcó que el conflicto debió judicializarse “por la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Trabajo y de la Jefatura de Gabinete”.
“Por suerte, siguen existiendo jueces que tienen una sensibilidad distinta a la de muchos funcionarios que no han tenido la misma receptividad en un conflicto tan grave, el primero de la época macrista, teñida por despidos masivos, deshumanización y un desinterés absoluto por los trabajadores”, subrayó.
Una medida similar fue impulsada por los trabajadores de Tiempo Argentino, quienes acumulan una deuda salarial de tres meses y el medio aguinaldo de diciembre de 2015.
Según los trabajadores de ambos medios, los empresarios no solo no pagan los sueldos sino que tampoco efectivizan «el alquiler del edificio donde funcionan la radio y el matutino desde hace un año» ni «los servicios de luz y agua desde octubre». «

 

Convocó a los delegados a una reunión en la que aseguró tener una propuesta de venta de Tiempo Argentino al Grupo Indalo sobre la base de una reducción de la planta a un 50%. Los retiros voluntarios y los salarios caídos, sin embargo, serían financiados por la nueva patronal. Un cheque en blanco para Martínez Rojas u otra maniobra dilatoria.

 

Luego de semanas de silencio y ausencia, inesperadamente, reapareció Juan Mariano Martínez Rojas. El jueves 10 había caducado formalmente la cobertura de Swiss Medical Group, la prestación médica que, a través de un canje, prestaba servicios a la mayoría de los trabajadores de Tiempo Argentino. Esta situación terminó de consagrar a escala de toda la redacción la indefensión en materia sanitaria que ya había comenzado como resultado de la falta de pago de la patronal a aquellos trabajadores que contaban con las prestaciones propias de OSDE y Galeno. El tipo de acuerdo establecido por Balkbrug S.A, además, impide que los mismos trabajadores o sus familiares paguen de su bolsillo el diferencial para obtener la cobertura de la que gozaban. Esta situación había llevado a los delegados a impulsar el envío masivo de telegramas a todos los responsables de la parte patronal intimando a resolver el problema so pena de iniciar acciones a nivel de la justicia penal por «abandono de persona».
La nueva situación, más allá de las acciones legales, llevó a la insistencia de la comisión interna sobre la patronal para que diera una solución global y una con carácter de urgente para un caso en particular. En el primer caso, la patronal dilató una definición mientras que, en el caso particular, se comprometió a resolver en forma perentoria la cobertura. Finalmente, a pesar de haber asegurado en forma taxativa a través de la abogada María Luisa Paonessa, que ese pago se realizaría sin falta el viernes 11, nunca se produjo.
La insistencia sobre el asunto llevó a los delegados a creer que, el llamado de última hora del lunes 14 estaría referido a esa situación de carácter urgente. Pero no.
El propio Mariano Martínez Rojas se comunicó para solicitar una reunión «urgente» con la interna el mismo martes a las 10 am para «realizar una propuesta». Conviene recordar que, en la última acta firmada en sede ministerial, días después de incumplir el pago comprometido de $3.500, la patronal había dejado sentada su propuesta de pagar los sueldos del mes de febrero entre el 10 y el 20 de marzo.
Allí, como ya había adelantado a la dirección del diario y a los editores minutos antes, aseguró que ya tendría una oferta de compra del diario por parte del Grupo Indalo pero que, para sustanciar la operación, necesitaba reducir la planta a un 50% y que, para eso, había citado a los delegados. Lo curioso de la propuesta es que el propio Martínez Rojas reconoció que no desembolsaría ni un peso y que tanto los sueldos como los retiros voluntarios (a pagar en 10 cuotas) serían a expensas de la nueva patronal.
Más allá del carácter ajustador de la «propuesta», que incluso tornaría inviable el funcionamiento del diario tal como se lo vio en la edición web de ayer, y de su dudosa verisimilitud si se toma en cuenta la situación compleja que atraviesa el Grupo Indalo, los delegados reclamaron que, así las cosas, las negociaciones debían ser desarrolladas con la presencia de representantes del Grupo Indalo y que, luego de 53 días de promesas incumplidas por la patronal que no desembolsó un solo centavo, sus posibilidades para iniciar una negociación seria con los trabajadores era nula si antes no se sustanciaba un pago efectivo del total de la deuda salarial acumulada.
Además, claro, el despido de 132 trabajadores de CN23 por parte del Grupo Indalo, sin proponer retiros voluntarios, indicaba que la propuesta era más una expresión de deseos de Martínez Rojas o una nueva dilación para ganar tiempo antes que una propuesta concreta proveniente del grupo que está en la mira de los organismos fiscalizadores.
Al ver que no prosperaba su intento de convencimiento, el titular del grupo M Deluxe, explicó que ya no le interesaba el diario y que, por ese motivo, haría uso de la potestad que le confiere el período denominado «due dilligence», es decir, su supuesto derecho de cancelar la operación y devolver Tiempo a su dueño anterior: «Es lo que estoy intentando, pero Szpolski no me atiende le teléfono hace varios días», se lamentó.
Los delegados insistieron en reclamar una respuesta fehaciente acerca de la situación de la cobertura sanitaria y una definición sobre el cumplimiento del compromiso de pago suscripto en el Ministerio de Trabajo. Martínez Rojas ratificó que, en estas condiciones, el «no pondría un peso para nada». Los delegados entendieron que la reunión estaba concluida y que, por ese motivo, la relación con la patronal continuaría en la justicia recordando que, su modus operandi, constituía un delito penal por abandono de persona. Además profundizarán las gestiones para obtener los Repro y el pago de la pauta adeudada en forma directa a los acreedores legítimos: los trabajadores. «

 

Los trabajadores comenzaron la publicación semanal del diario con el objetivo de romper el lock out patronal que impide la impresión y mantener viva la redacción que no se resiste a dejar de hacer periodismo. Las claves de una nueva etapa de la lucha para preservar las fuentes de trabajo y la agenda con el sello firme de un staff que quiere hacerse escuchar. 

 

 

Los trabajadores de Tiempo Argentino volvieron a hacerlo. Por segunda vez desafiaron el lock out patronal que frenó la impresión del diario y convirtieron el ejercicio profesional en la respuesta a la estrategia de vaciamiento de Sergio Szpolski, Martías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas.
Con tres meses de sueldos impagos sobre sus espaldas y firmes en la permanencia pacífica en la redacción, los periodistas, reporteros gráficos, diagramadores y correctores de Tiempo volvieron a hacer el diario que a partir de ahora llegará todas las semanas a sus lectores en formato digital.
Esta nueva etapa de la lucha de Tiempo arrancó la semana pasada cuando la asamblea de trabajadores decidió volver a editar el matutino para la Web una vez cada siete días.
El plan comenzó a tomar cuerpo el lunes. La redacción de Aménabar 23 recuperó el color y ritmo de las rutinas periodísticas: discusión de sumarios, coberturas, reunión de blanco y teclados en movimiento.
Al final de la jornada, pasada la medianoche, la redacción festejó el cierre de una nueva edición que puede leerse en http://www.tiempoargentino.com y en issuu.com/tiempoargentino.
Con contenidos propios
La edición de Tiempo fijó agenda propia en el debate por el proyecto del gobierno de pago a los fondos buitre con una cobertura que incluyó la revelación del entramado del lobby internacional para volver a endeudar a la Argentina. Los nombres de Paul Singer -titular del principal fondo buitre que litiga contra el país- ; el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu; y el precandidato a presidente de EE UU, Marco Rubio, son las piezas del rompecabezas descripto en la nota que sostiene el título principal de portada. El mapa se completa con un pormenorizado análisis del rol y peso de los bancos JP Morgan y Deutsche Bank en la negociación que el ministro Alfonso Prat-Gay mantuvo con los holdouts.
El capítulo doméstico del acuerdo se jugó en el Congreso. Y Tiempo contó que el oficialismo buscó garantizarse una sesión sin público y un Parlamento vallado para el desarrollo de una sesión con fuertes contrapuntos asegurados.
Además, la edición del diario en formato digital incluyó un pormenorizado análisis de las declaraciones del presidente estadounidense, Barack Obama,sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como una clave sobre su próxima visita al país el próximo 23 de marzo.
En la numerosa cantidad de notas desplegadas en el cuerpo y suplementos del diario, también se destacó un informe sobre las denuncias de diferentes ONGs sobre el retorno encubierto de la UCEP. O su metodología de abuso sobre sectores vulnerables y en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires.
En Espectáculos, los lectores pudieron acercarse a la intimidad y cocina de la exitosa telenovela «La leona». Fue a través de una entrevista exclusiva con los guionistas del ciclo: Pablo Lago y Susana Cardozo.
Además, la edición incluyó notas de varios de sus habituales columnistas de opinión, y, además de Espectáculos, los suplementos completos de Economía y Cocina y el juvenil Ni a Palos. «

Por Martín Pique – 20 de noviembre de 2011

Fue chofer, escolta y amigo de Ernesto Guevara. Formó parte en la Argentina de la experiencia que desarrolló en Salta Jorge Masetti, con el Ejército Guerrillero del Pueblo, pensado como la avanzada del Che en el país. Combatió en Angola y en Nicaragua con los sandinistas. A los 78 años, este coronel retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba repasa su vida de guerrillero, habla de la muerte, de las mejoras sociales que alcanzó Cuba, y por supuesto, del Che.

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