Una jueza laboral dictó la medida a raíz de un planteo de los trabajadores de Radio América. La suma, correspondiente a pauta publicitaria, deberá ser retenida por la agencia Télam 

 

La Justicia laboral dictó un embargo preventivo contra los empresarios Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas por más de un millón de pesos sobre la pauta oficial que el Estado le adeuda a la empresa Desup S.A, a partir de una presentación judicial realizada por los trabajadores de 1190 Radio América en relación a la millonaria deuda salarial con los empleados de la firma.
El abogado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), León Piasek, informó la novedad judicial en favor de los trabajadores de radio América: «Lo que se ha embargado es el dinero de pauta oficial por un monto superior al millón de pesos. Se ha comprobado la falta de pago de los salarios y que el derecho invocado es verosímil». La medida fue dictada por el Tribunal de Trabajo Nº 8.
La jueza Liliana Rodríguez Fernández ordenó librar un oficio a la agencia Télam, a través de la cual se cursa la pauta oficial del gobierno nacional, para que retenga 875.433 pesos más 175.000 de intereses y costas, con el objeto de asegurar la suma de 1.050.437 pesos que debían percibir los demanadados en concepto de facturación publicitaria.
La demanda fue impulsada por una veintena de trabajadores de Radio América, representados por el abogado Piasek, quien advirtió que hay más demandas en curso por afectados en esa empresa periodística.
«No cobran sueldos desde hace 102 días. Se probó la responsabilidad del Grupo 23. Y se probó la deuda salarial de varios meses, diciembre, enero, febrero, aguinaldo…Probamos el peligro de la demora por el estado de necesidad de los trabajadores y también la verosimilitud en el derecho, por lo que se dictó la cautelar», precisó el abogado laboralista.
El Gobierno nacional deberá transferir ese dinero a los trabajadores en un plazo de 72 horas.
“Dentro de este clima de incertidumbre, es una buena noticia”, dijo Piasek y remarcó que el conflicto debió judicializarse “por la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Trabajo y de la Jefatura de Gabinete”.
“Por suerte, siguen existiendo jueces que tienen una sensibilidad distinta a la de muchos funcionarios que no han tenido la misma receptividad en un conflicto tan grave, el primero de la época macrista, teñida por despidos masivos, deshumanización y un desinterés absoluto por los trabajadores”, subrayó.
Una medida similar fue impulsada por los trabajadores de Tiempo Argentino, quienes acumulan una deuda salarial de tres meses y el medio aguinaldo de diciembre de 2015.
Según los trabajadores de ambos medios, los empresarios no solo no pagan los sueldos sino que tampoco efectivizan «el alquiler del edificio donde funcionan la radio y el matutino desde hace un año» ni «los servicios de luz y agua desde octubre». «

 

Convocó a los delegados a una reunión en la que aseguró tener una propuesta de venta de Tiempo Argentino al Grupo Indalo sobre la base de una reducción de la planta a un 50%. Los retiros voluntarios y los salarios caídos, sin embargo, serían financiados por la nueva patronal. Un cheque en blanco para Martínez Rojas u otra maniobra dilatoria.

 

Luego de semanas de silencio y ausencia, inesperadamente, reapareció Juan Mariano Martínez Rojas. El jueves 10 había caducado formalmente la cobertura de Swiss Medical Group, la prestación médica que, a través de un canje, prestaba servicios a la mayoría de los trabajadores de Tiempo Argentino. Esta situación terminó de consagrar a escala de toda la redacción la indefensión en materia sanitaria que ya había comenzado como resultado de la falta de pago de la patronal a aquellos trabajadores que contaban con las prestaciones propias de OSDE y Galeno. El tipo de acuerdo establecido por Balkbrug S.A, además, impide que los mismos trabajadores o sus familiares paguen de su bolsillo el diferencial para obtener la cobertura de la que gozaban. Esta situación había llevado a los delegados a impulsar el envío masivo de telegramas a todos los responsables de la parte patronal intimando a resolver el problema so pena de iniciar acciones a nivel de la justicia penal por «abandono de persona».
La nueva situación, más allá de las acciones legales, llevó a la insistencia de la comisión interna sobre la patronal para que diera una solución global y una con carácter de urgente para un caso en particular. En el primer caso, la patronal dilató una definición mientras que, en el caso particular, se comprometió a resolver en forma perentoria la cobertura. Finalmente, a pesar de haber asegurado en forma taxativa a través de la abogada María Luisa Paonessa, que ese pago se realizaría sin falta el viernes 11, nunca se produjo.
La insistencia sobre el asunto llevó a los delegados a creer que, el llamado de última hora del lunes 14 estaría referido a esa situación de carácter urgente. Pero no.
El propio Mariano Martínez Rojas se comunicó para solicitar una reunión «urgente» con la interna el mismo martes a las 10 am para «realizar una propuesta». Conviene recordar que, en la última acta firmada en sede ministerial, días después de incumplir el pago comprometido de $3.500, la patronal había dejado sentada su propuesta de pagar los sueldos del mes de febrero entre el 10 y el 20 de marzo.
Allí, como ya había adelantado a la dirección del diario y a los editores minutos antes, aseguró que ya tendría una oferta de compra del diario por parte del Grupo Indalo pero que, para sustanciar la operación, necesitaba reducir la planta a un 50% y que, para eso, había citado a los delegados. Lo curioso de la propuesta es que el propio Martínez Rojas reconoció que no desembolsaría ni un peso y que tanto los sueldos como los retiros voluntarios (a pagar en 10 cuotas) serían a expensas de la nueva patronal.
Más allá del carácter ajustador de la «propuesta», que incluso tornaría inviable el funcionamiento del diario tal como se lo vio en la edición web de ayer, y de su dudosa verisimilitud si se toma en cuenta la situación compleja que atraviesa el Grupo Indalo, los delegados reclamaron que, así las cosas, las negociaciones debían ser desarrolladas con la presencia de representantes del Grupo Indalo y que, luego de 53 días de promesas incumplidas por la patronal que no desembolsó un solo centavo, sus posibilidades para iniciar una negociación seria con los trabajadores era nula si antes no se sustanciaba un pago efectivo del total de la deuda salarial acumulada.
Además, claro, el despido de 132 trabajadores de CN23 por parte del Grupo Indalo, sin proponer retiros voluntarios, indicaba que la propuesta era más una expresión de deseos de Martínez Rojas o una nueva dilación para ganar tiempo antes que una propuesta concreta proveniente del grupo que está en la mira de los organismos fiscalizadores.
Al ver que no prosperaba su intento de convencimiento, el titular del grupo M Deluxe, explicó que ya no le interesaba el diario y que, por ese motivo, haría uso de la potestad que le confiere el período denominado «due dilligence», es decir, su supuesto derecho de cancelar la operación y devolver Tiempo a su dueño anterior: «Es lo que estoy intentando, pero Szpolski no me atiende le teléfono hace varios días», se lamentó.
Los delegados insistieron en reclamar una respuesta fehaciente acerca de la situación de la cobertura sanitaria y una definición sobre el cumplimiento del compromiso de pago suscripto en el Ministerio de Trabajo. Martínez Rojas ratificó que, en estas condiciones, el «no pondría un peso para nada». Los delegados entendieron que la reunión estaba concluida y que, por ese motivo, la relación con la patronal continuaría en la justicia recordando que, su modus operandi, constituía un delito penal por abandono de persona. Además profundizarán las gestiones para obtener los Repro y el pago de la pauta adeudada en forma directa a los acreedores legítimos: los trabajadores. «