La votación que llevará a la Argentina de retorno al ciclo de endeudamiento externo no deja tranquilo al gobierno. Pese a los 165 votos reunidos en la madrugada del miércoles, el plan ideado por el ministro Alfonso Prat Gay no despejó las dudas en Cambiemos acerca de si redundará en beneficios concretos para la economía nacional. Amenaza de bonistas italianos.
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el martes la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, en el primer paso que el Gobierno Nacional observa como el cierre del pago de la deuda en default con el 7% de los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Más allá del desembolso y el endeudamiento en el que caerá el país para cumplir con lo que exigen los fondos buitre, el acuerdo genera más dudas que certezas. En todos los niveles. Si bien se descarta que la Cámara Alta terminará aprobando a fines de marzo en forma definitiva el plan ideado por el ministro Alfonso Prat Gay, la maratónica sesión en Diputados demostró que casi ningún legislador (excepto los del partido que gobierno, Cambiemos) podía explicar qué razones los llevaban a votar a favor de la iniciativa. Tanto el Frente Renovador como los satélites del macrismo, como la propia Margarita Stolbizer, aseguraron que el proyecto de pago es malo, inconveniente para el país y apresurado. Pero que es la única forma para salir definitivamente del default. Algunos tuvieron una posición extraña, como los legisladores massistas Facundo Moyano, Felipe Solá, y Héctor Daer, que no asistieron a la sesión.
Puertas afuera del Palacio Legislativo, una multitud colmaba el acceso principal (parte del peronismo, partidos de izquierda y movimientos sociales) pidiendo por no retornar al Fondo, en referencia a períodos de endeudamiento que antaño dejaron al país condicionado a nivel externo e interno. Pero las cartas adentro ya estaban jugadas, se descartaba la aprobación dado que el Gobierno tenía el quorum garantizado con antelación por aliados históricos y circunstanciales, como el bloque PJ que comanda el ex Anses, Diego Bossio.
Más allá de lo político, el acuerdo con los buitres conlleva peligros que hoy quedan sepultados temporalmente por el candor del debate parlamentario. Las clausulas usurarias impuestas por los buitres en tándem con el juez de distrito Nueva York, Thomas Griesa, encarecen el desembolso de dinero del país. Y además ponen en alerta a los bonistas que ingresaron a los canjes anteriores. De hecho, ayer, en declaraciones radiales, Tullio Zembo, quien en 2010 asesoró a los bonistas italianos, adelantó que sus clientes están analizando lo que ocurre en la Argentina con mucha atención. Y que esperarán a que se cierre el tema en Senado para hacer presentaciones en reclamo de cobrar lo mismo que hoy se les está pagando en los fondos buitre.
Eso desde lo formal, pero en el seno del macrismo se juegan con el acuerdo bastante más que el pago a los holdouts. Hay internas sobre si el cierre del capítulo redundará en beneficios concretos para la economía nacional. Si llegarán los dólares que aún el agro no entregó, si habrá inversiones extranjeras, si todo eso generará una baja en la inflación. Más allá de que el propio Mauricio Macri pide a diario a su círculo íntimo garantías de que esto ocurrirá, nadie puede cumplir con la requisitoria. La semana pasada, el presidente habló de más ajuste y recesión de no aprobarse el pago de la deuda. Es una exteriorización de estas diferencias, que supone que el propio presidente sabe que la mejora en las condiciones generales del país no depende exclusivamente de este tema.
Algunos laderos del presidente pretenden que se mire más a lo que pasa en la región. Al derrumbe económico y político de Brasil. A las charlas con los socios comerciales. Pero la expectativa por la inversión extranjera obsesiona a Cambiemos. Por ahora, sólo el massismo aprobó el plan y empezó a exigirle al Gobierno el tratamiento urgente de temas clave como el Impuesto a las Ganancias y la inflación. En el macrismo entienden, sin embargo, que ganar esta pulseada, cualquiera sea su precio, va a posicionar al Ejecutivo en un lugar de mayor fortaleza política.
Todo por ahora es una suposición, peligrosa en un contexto donde el frente interno encuentra día a día nuevos desempleados, alzas de precios superiores al 4%, problema con la generación de obra pública en el interior y falta de diagnóstico sobre cuestiones clave para el funcionamiento ordenado de una Nación.
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