La polémica con Lombardi por la pauta adeudada

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El Ministro de Medios Públicos que define la política en materia de publicidad oficial se refirió nuevamente al conflicto de los medios del G23. Los trabajadores reclaman que pague sus salarios. Para él es “complejo”.

Semanas atrás, en el programa de América TV, Intratables, conducido por Santiago del Moro, el funcionario había sido acorralado por los panelistas Jonathan Viale y Sofía Caram que reclamaron, taxativamente, que la pauta adeudada al G23 por el Estado debía ser utilizada para saldar los salarios de los trabajadores y garantizar la continuidad de la fuente de trabajo. Se trata, precisamente, de uno de los reclamos centrales de la asamblea de Tiempo Argentino y de Radio América. De hecho, a través del buffet de abogados del SiPreBA, ya se han realizado cinco pedidos de embargo sobre esa pauta, dos de los cuales fueron favorables, uno ha sufrido un revés pero ya ha sido apelado mientras que dos esperan resolución en diversos juzgados. Además, ya se han presentado proyectos y pedidos de informes en el Parlamento Nacional y el de la CABA.
El miércoles por la noche, Lombardi participó nuevamente del mismo programa donde indagado nuevamente sobre el asunto aseguró que “Tiene que existir la pauta pública. Ahora, ésta es la situación en la que estamos: intentamos encontrar la forma jurídica para que, si había deuda de la pauta oficial, fuera directamente a los trabajadores, bypasseando a los accionistas”.
Son embargo, continuó, “el problema es que la mayoría [de accionistas y dueños de los medios] vendieron las facturas. La verdad es que no las tenían ellos. Estamos ante situaciones muy delicadas, un asunto entre privados”.
Es que, efectivamente, Sergio Szpolski vendió esa deuda en forma adelantada mediante una operación de deuda futura.
Pero, según el mismo empresario hizo saber a los delegados, esa operación se sustanció con un acuerdo que incluía una quita del 35% por un lado, más un aforo (un seguro que plantea el pago del monto restante una vez que se sustanciara el cobro de la creencia) del 30%. En esas condiciones, se trata de una financiación usurera envidiable para cualquier fondo buitre. La firma de esas condiciones implicaba la aceptación del “alto riesgo” que implicaba la operación.
El asunto es, precisamente, quién paga la crisis: los vaciarores y los usureros o los trabajadores. «

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