El Ministerio de Trabajo ya no tiene excusas para seguir negando los REPRO

La resolución del 4 de febrero de 2010 reconoce a las entidades gremiales la potestad de solicitar el beneficio del programa. Lo que falta es voluntad política. Las cartas de las cuatro centrales sindicales anexadas al expediente y el acta donde la patronal “ratifica su pedido de REPRO” crean las condiciones para otorgarlo.

Los más de tres meses en los que los trabajadores de Tiempo Argentino, Radio América y las revistas del G23 llevan sin percibir sus salarios y sus aguinaldos, como es lógico, han llevado a las familias a una situación desesperante. Desalojos por falta de pago de alquileres, cambios de colegios de los hijos, falta de medicamentos, compañeras embarazadas sin cobertura de salud y, claro, la vulneración completa del derecho humano elemental al ocio y la dispersión familiar son moneda corriente en la vida cotidiana de los más de 400 trabajadores.

La solidaridad, el compañerismo y la unidad que ha generado el abordaje colectivo de esta lucha no alcanzan para recuperar la humanidad que ha sido ultrajada por las patronales. En este contexto, más allá del reclamo de que sea el gobierno quien responda con la pauta adeudada al G23 para destinarla en forma directa a los trabajadores, el Estado tiene la responsabilidad de responder frente a tamaña vejación. Los trabajadores, a través de sus delegados, elevaron desde un primer momento el reclamo del otorgamiento de los Repro como un paliativo que permita sortear parcialmente la situación y evitar daños irreparables en las economías y la salud de las familias. Uno tras otro se fueron generando nuevos escritos que iban siendo anexados al expediente. Tal como los funcionarios reclamaban, se incorporaron los CUILS de todos los empleados con el propósito de que sea la cartera laboral quien actuara de oficio, otorgando el beneficio que, en rigor, es un subsidio a las patronales.

En la última audiencia de mediación celebrada en la sede de Callao bajo la responsabilidad del funcionario Gustavo Ortolano, en la que, un día después de incumplida el acta-acuerdo previa laudada en el ministerio, no se presentó la parte empresaria; y gracias a la destreza de los abogados que asesoran al SiPreBA, se pudo determinar que, a diferencia de las versiones provenientes de los despachos oficiales acerca de que “el expediente por Repro está en Alem, bajo la consideración del Ministro Triaca, en su despacho”, el mismo siquiera se había constituido como tal y, en rigor, era un cúmulo de escritos dispersos en diferentes oficinas del edificio de la sede de Callao. El cajoneo coincidía con la negativa de la cartera a aplicar las multas a la patronal en nombre de una supuesta operación comercial de venta que nunca se produjo. La complicidad de la cartera laboral con la patronal ya no resistía subjetividades. Objetivamente, su actuación favorecía la estrategia de desgaste de la patronal, funcional al vaciamiento en curso que promovía la patronal de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel junto con Mariano Martínez Rojas.

Así lo denunciaron los delegados y exigieron el envío del expediente a Alem en forma inmediata y la conformación de una reunión con un alto funcionario para destrabar los Repro so pena de no abandonar las instalaciones del edificio. Al día siguiente, Diego Podaschevsky, director nacional de Relaciones Federales, los recibió en su despacho para explicar amablemente que, el espíritu del programa de Recuperación Productiva no coincidía con el caso en cuestión donde la patronal había dado muestras sobradas de vaciamiento y de su falta de intención de capitalizar la empresa. Para otorgar ese beneficio, señaló, es preciso que la empresa sea quien avance con el pedido del subsidio presentando la documentación pertinente, comenzando por la presentación de cuatro balances.

Allí los delegados explicaron que, en realidad, dependía de la voluntad política del ministerio puesto que, en virtud de los requisitos establecidos por la ley, contaban con documentación suficiente para promover el otorgamiento de los Repro.

En primer lugar, su propia voluntad de dar continuidad a la empresa y defender su fuente laboral, y, en segundo lugar, a partir de la existencia de un capital activo bajo la forma de deudas del Estado con la compañía en materia de pauta oficial.

Pero, además, en el terreno estrictamente técnico, demostraron que, los requisitos que el propio funcionario les acercó permitían el otorgamiento del subsidio. Tal como reza la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del 4 de febrero de 2010 que reactiva el programa generado el 22 de enero de 2002: “En virtud de la protección del trabajo, este Ministerio podrá firmar actas acuerdo para la implementación de acciones de sostenimiento del empleo con los GOBIERNOS PROVINCIALES, MUNICIPIOS, ENTIDADES GREMIALES Y CÁMARAS que agrupen diferentes sectores industriales.” Más allá de la representación gremial que los propios delegados detentan como tales y con reconocimiento de esa cartera, las cartas enviadas por las 4 centrales sindicales (las dos CGT y las dos CTA) ya constituyen materia suficiente para viabilizar el beneficio. Como si esto no fuera suficiente, en el acta labrada en el ministerio con fecha del 23 de febrero donde se hiciera presente el empresario Mariano Martínez Rojas, se consigna que “la parte empresaria (…) ratifica su voluntad de pedir a este Ministerio la recepción de los REPRO”. Por último los delegados explicaron que la documentación técnica necesaria para viabilizar el trámite administrativo (balances, etc.) debiera estar disponible en las diferentes dependencias del Estado como la IJG, INPI, entre otras.

De este modo, la Comisión Interna ratificó su pedido y fundamentó de manera solvente los mecanismos para no dilatar más el problema y dar una respuesta a las 400 familias que hace meses no perciben salarios ni aguinaldo. La negativa a otorgar una reunión con Marcos Peña el jueves 3 y las dilaciones de Ezequiel Sabor, viceministro de Trabajo, luego del compromiso asumido para una reunión, son señales de que lo que está faltando es voluntad política y no mecanismos administrativos. Habrá que generarla.

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