Por Gimena Fuertes
El flamante texto para limitar la protesta social modifica la raíz del que fue aprobado seis años atrás. Impulsado por la ministra Bullrich, fue cuestionado por querer «limitar» el derecho a la protesta.
El flamante protocolo de seguridad que impulsó la ministra a cargo del área, Patricia Bullrich, todavía no se puso en práctica, ni siquiera durante el primer paro y movilización que convocó esta semana a miles de manifestantes por las calles porteñas en contra de los despidos en el Estado. Es que el texto generó rechazo en organismos de Derechos Humanos, partidos políticos y organizaciones sociales, que acusaron al gobierno de Mauricio Macri de cercenar derechos a los ciudadanos y otorgar mayor discrecionalidad a las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento, la relación ente los manifestantes y las fuerzas de seguridad estaban reguladas por un protocolo nacido en 2010 que establecía pautas para la realización de protestas en los espacios públicos. Apenas se conoció el texto de Bullrich, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) salió a criticarlo al señalar que «limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta» y a la vez «amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social». A su vez, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtió que “el protocolo establece diferencias entre manifestaciones programadas y las que no lo son”. “Las primeras deberán comunicarse previamente, fijando recorrido y estarán sujetas a aprobación de la autoridad. Además, y aun estando autorizadas, se concederán entre 5 y 10 minutos para levantarla sin hacer uso de la fuerza. Cualquier otra manifestación no anunciada y autorizada, será considerada espontánea, y, como tal, disuelta sin ningún requisito ni intimación previa”, sostuvo.
Mientras que el texto del protocolo instalado durante el kirchnerismo llamaba a “proteger los derechos de los participantes, de las personas que no participan, y los bienes públicos” y dictaminaba que “las fuerzas de seguridad otorguen preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”, el de Bullrich sólo “garantiza la libre circulación de personas y bienes”.
Una de las grandes diferencias entre ambos procedimientos se da en el momento de la negociación, ya que mientras que antes se insistía en agotar todas las instancias, ahora se establece que no hay posibilidad de negociación mientras dure la protesta. Además, mientras el anterior protocolo regulaba las fuerzas de seguridad, el nuevo se ocupa de cómo se defienden los policías de los manifestantes.
En el texto de 2010 se prohibía de manera expresa la portación de armas de fuego, municiones y pistolas lanza gases, balas de goma, agresivos químicos antitumulto, el nuevo no aclara nada al respecto, lo que deja librado al criterio de la autoridad policial la determinación de qué armas e instrucción podrán portarse y utilizarse durante el procedimiento. Ahora, además, se elimina la obligación de individualización y de registro de armamento y comunicaciones.
Uno de los puntos cuestionados fue el que establece cómo deberá ser el trabajo periodístico de cobertura de la protesta, ya que el nuevo texto impone un corralito para la labor periodística. Al respecto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se expresó en contra de “liberar la zona para que la policía reprima sin que queden evidencias”. “Nuestra presencia como trabajadores al cubrir una protesta es muchas veces garantía de que las fuerzas de seguridad no cometan actos de brutalidad. Somos conscientes del valor de nuestro trabajo: cuando las fuerzas de seguridad asesinan y lastiman a los manifestantes buscan censurar a la prensa”, señalaron.
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