Por Gabriel Morini
El macrismo buscará rediscutir la integración del órgano que selecciona
y remueve jueces. El proyecto del PRO apuesta a excluir al representante de la Corte, jueces y legisladores.
El gobierno nacional se propone reeditar el debate y abrir una nueva polémica por la integración del Consejo de la Magistratura, el órgano que permite seleccionar y remover jueces. Lo hará a través de un proyecto de ley que se presentará apenas se reanude la actividad en el Congreso tras la Asamblea Legislativa, y que se enmarca en un ambicioso paquete de proyectos destinados a la propia reforma del Poder Judicial a la que aspira el macrismo. Entre sus principales lineamientos estará la exclusión del representante de la Corte Suprema, tal como había sido dispuesto por la norma que regía su funcionamiento, pero que fue declarada inconstitucional a fines del año pasado. También propondrá que no sean jueces, ni legisladores quienes integren el cuerpo sino representantes de esos estamentos, cuya dedicación sea exclusiva.
“Principista y lo más apegado a la letra de la Constitución Nacional”. Con esa frase, el ministro de Justicia, Germán Garavano, definió el espíritu del proyecto de ley con el que el gobierno de Mauricio Macri pretende volver a reformar el órgano clave para seleccionar magistrados o impulsar su juicio político. Los antecedentes auguran una nueva polémica: el kirchnerismo intentó que sus integrantes fuesen elegidos mediante el voto popular, y modificó su proporcionalidad, pero la norma que fue aprobada por el Congreso terminó por ser fulminada por la Corte que la declaró inconstitucional. En noviembre de 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que la ley que regía su funcionamientos desde 2006 con 13 integrantes –impulsada a instancias de la ex presidenta Cristina Fernández cuando era senadora- tampoco era válida. Aun así, ninguna de las decisiones que habían tomado en los últimos nueve años fueron objetadas. Ese fallo fue apelado con el kirchnerismo de salida y la misma postura continuará con el macrismo. La demorada sentencia de Cámara imponía que regresara la composición de 19 integrantes, con una banca reservada para el presidente de la Corte, pero la actual administración aspira a abrir su propio debate.
El eje del proyecto de ley que aún no se conoce y se mantiene en reserva hasta ser presentado dentro del paquete denominado “Justicia 2020”, se apoya en el antecedente generado por el denominado Grupo A (conformado en 2009 por la mayoría opositora al kirchnerismo en el Congreso) en el que intentó, en 2010, imponer su propia reforma. Se proponía aumentar la cantidad de consejeros de 13 a 18 con el aumento de bancas para los abogados y los académicos, pero reservaba la presidencia a la Corte. Ese proyecto cambiaba proporciones del estamento político porque imponía que los representantes del Congreso provendrían de las tres primeras minorías de cada Cámara. Hasta hoy, la primera minoría posee a dos representantes por Cámara y la oposición, sólo uno, algo que, de todas formas, quedó envuelto en una polémica con la asunción del legislador del PRO Pablo Tonelli en la vacante que había generado el kirchnerismo en el Consejo.
El macrismo aspira a no tener jueces en el Consejo ni tampoco diputados y senadores, sino representantes de esos estamentos que trabajen jornada completa “con el equilibro que marca la Constitución”, lo que implicará una nueva modificación de la proporcionalidad de miembros. En ningún diseño estuvo contemplado que hubiera representantes de los Ministerios Públicos (fiscal y de la defensa). “Despolitizar” fue otro de los términos empleados para definir el proyecto que se prevé que se debata “ampliamente” en el Congreso. La búsqueda de agilidad en los procesos de selección también será una característica del plan, que podría incluir la modalidad de ternas preseleccionadas y tandas de jueces que ocupen las distintas vacantes que se generen durante el año. Será el primer paso de un ambicioso plan para la Justicia en la era Macri.
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