Casi los ocho años de sus dos mandatos le demandaron al presidente de EE UU, Barack Obama, dar un paso concreto para cerrar la cárcel de Guantánamo, promesa que hizo en su primera campaña presidencial de 2008. Con el envío al Congreso de un plan para cerrar «de una vez por todas» la ignominiosa prisión ubicada en una base estadounidense en Cuba, el mandatario pretende pagar una dedua pendiente, que incluye el traslado de casi 100 presuntos islamistas radicales a territorio nacional y que fue recibido con rechazo por la oposición republicana y duras críticas de una asociación de abogados.
De acuerdo al plan, de los 91 presos que alberga actualmente Guantánamo, un total de 35 serán enviados a terceros países «en los próximos meses». En cuanto a los 56 restantes, 10 afrontan cargos o fueron declarados culpables en procesos ante comisiones militares y los demás son considerados demasiado peligrosos para salir en libertad o ser transferidos a un tercer país. Estos detenidos serían trasladados a una prisión en Estados Unidos cuya construcción podría demandar hasta 475 millones de dólares pero que implicará un ahorro anual de unos 180 millones en costos operativos.
«Este no es un plan para cerrar Guantánamo. El corazón del plan -mover a los detenidos que no han sido acusados por ningún crimen y que nunca lo serán a una prisión en Estados Unidos- no significa cerrar Guantánamo, sino que apenas la reubica en otro código postal», sentenció en un comunicado el Centro de Derechos Constitucionales, una organización de Nueva York que defiende a varios detenidos. «La infamia de Guantánamo nunca fue el lugar dónde está ubicada, sino su régimen inmoral e ilegal de detención indefinida. Cerrar Guantánamo en sentido real significa poner fin a esa práctica», agregó uno de sus abogados, Ibraham Al Qatabi.
Esta cárcel -ubicada en una porción del territorio cubano, arrendado por Estados Unidos a principio del siglo XX-, no sólo se convirtió en uno de los símbolos de las torturas, los abusos y los crímenes cometidos durante el gobierno de George Bush y su llamada guerra contra el terrorismo, sino que además dejó al desnudo el doble discurso actual de la dirigencia política en Washington en materia de derechos humanos.
En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que los republicanos interpondrán medidas legales para impedir el cierre de la cárcel. Ryan dijo a periodistas que la oposición, que controla ambas cámaras, tenía los votos para bloquear en el Congreso el plan de Obama.
Además, el líder republicano, segundo en la línea de sucesión presidencial, dijo que su partido estaba preparando su «recurso legal» para garantizar que la cárcel de presuntos islamistas radicales siga abierta y que los detenidos no sean transferidos a Estados Unidos.
Obama trata de cumplir la promesa que hizo durante su campaña electoral en 2008 de cerrar Guantánamo, argumentando que la prisión, abierta tras los ataques a las Torres Gemelas, de 2001, promovía el reclutamiento de combatientes para redes islamistas en todo el mundo y era criticada por países aliados.
Sin embargo, el presidente se topó con una fuerte oposición en el Congreso, donde los republicanos y algunos demócratas sostienen que no hay alternativa y no quieren que se traslade a esos presuntos islamistas radicales a Estados Unidos, ni siquiera a cárceles de máxima seguridad.
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