De Alemania, llegan nuevas pruebas sobre la masacre de Napalpí

Por Gerardo Aranguren – 31 de agosto de 2015

Se trata de fotos y cartas descubiertas a 91 años de la brutal represión en la que murieron más de 400 personas de los pueblos tobas y mocovíes. Los documentos, que fueron interpretados por una antropóloga del CONICET, permiten reconstruir el contexto de la matanza.

Fotos y cartas guardadas en Alemania desde principios del siglo pasado aportan nuevas pruebas sobre la mayor masacre indígena del país: la matanza de Napalpí, en Chaco, en 1924. Los documentos fueron descubiertos a más de 91 años de la brutal represión desatada por un centenar de policías y civiles que asesinó a más de 400 personas de los pueblos tobas y mocovíes para disciplinar un reclamo por mejores salarios y derechos laborales.

Hace poco más de un año, la masacre comenzó a ser investigada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia con la expectativa de llegar a un juicio por la verdad, ya que los posibles responsables materiales y políticos del hecho ya han muerto.

A partir de documentación inédita que vio la luz pública después de casi un siglo, la antropóloga argentina Lena Dávila, becaria doctoral de CONICET, comprobó que la represión continuó durante varios meses después de la matanza y que tuvo como blanco a quienes había logrado escapar a la balacera del 19 de julio. Los sobrevivientes de la masacre fueron perseguidos con la intención de aniquilar a los posibles testigos y así garantizarse impunidad.

A pesar de la distancia con los hechos, esta documentación permite entender el contexto en el que se cometieron esos delitos, los intentos de encubrimiento de las autoridades provinciales y policiales, así como el rol de la prensa.

La investigadora se encontró con estas pruebas durante sus trabajos en el Instituto Ibero-Americano de Berlín sobre el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938), quien residió en el país por casi 30 años. En junio de 1924, el científico alemán había viajado a la Reducción de Napalpí como parte de una investigación, sin embargo siempre negó públicamente haber presenciado la masacre. A partir de fotos y cartas entre Lehmann-Nitsche y su colega argentino Enrique Lynch Arribálzaga, Dávila pudo demostrar que no sólo fue testigo de esos hechos sino que además eligió callar por miedo a las represalias contra él y Lynch Arribálzaga, quien había sido director de la reserva indígena y permanecía en Chaco.

“Me había preguntado por su silencio en Napalpí. Él había hablado a favor de las reservas y los pueblos indígenas, pero cuando tuvo una verdadera oportunidad para defenderlos no lo hizo. Para muchos de los que veníamos tratando el tema, era obvio que había visto lo que había sucedido en la reserva”, comentó Dávila a Tiempo Argentino.

El primer hallazgo fue de dos fotografías de Lehmann-Nitsche, una en la reducción y otra frente al avión utilizado para reconocer el campamento indígena antes del ataque. En la foto también figuran militares y civiles que participaron de la matanza. En sí, esas dos imágenes son suficientes para demostrar que el antropólogo estuvo en Napalpí en esos días en la reducción pero además, la antropóloga encontró correspondencia del argentino Lynch Arribálzaga con el alemán en la que se daba a entender su conocimiento de los hechos, así como el temor a que fueran perseguidos por la policía chaqueña y el entonces gobernador de la provincia, Fernando Centeno, quien había ordenado el ataque.

“Ya había visto Ud. la forma franca y sensacional como han sido revelados al Congreso los sucesos de Napalpí de que fue Ud. testigo”, le dice Lynch Arribálzaga en relación a la investigación que había iniciado el diputado nacional socialista Francisco Pérez Leirós. El antropólogo argentino residía en Chaco y tenía miedo de la represalia policial luego de que su nombre surgiera en la investigación del Congreso. El objetivo de la citación era buscar quién había filtrado la información de la masacre y “descubrir una o más víctimas en quienes vengarse”. Por esa razón, le confiesa en la carta que debió contar que la fuente era el propio Lehmann-Nitsche, quien ya se encontraba en Buenos Aires “fuera del alcance del machete policial chaqueño” y dispuesto a declarar sobre las “atrocidades cometidas contra los indios”. “Se lo prevengo por consiguiente, para que estén prevenidos, por si llegan a molestarlos, interrogándolos por intermedio de esa policía, en cuyo caso creo que Uds. deben ser lo más parcos de palabras que puedan y, sobre todo, procuren evitar el dar el nombre de ningún residente en el territorio que haya colaborado en la pesquisa, para no exponerlo a persecuciones. Por fortuna Uds. se hallan lejos, repito”, insistió.

Diez días más tarde, advertido por su colega argentino, Lehmann-Nitsche negó conocer lo que sucedió en la masacre al ser interrogado por carta por Centeno. “Contestando las preguntas del Sr. Gobernador con respecto a que si yo podía afirmar que he presenciado el encuentro de los indígenas con la policía durante mi permanencia en Napalpí en el mes de julio del corriente año, como así también que yo luego proporcionara datos o pruebas que revelen excesos cometidos por la policía en las personas de los indígenas me es grato manifestar que no he presenciado esos hechos ni sumado datos o pruebas que con ellos se relacionen”, se retractó el investigador. Días después, el alemán realizaría gestiones para evitar represalias contra Lynch, quien le agradeció la intención: “Lo deseable es que no sólo yo goce de este privilegio, sino todos los habitantes de esta parte del país, y esto no se alcanzará mientras se mantengan malos funcionarios como agentes de gobierno. Por fortuna el asunto de la investigación no está muerto.”

Al momento de ese intercambio de correspondencia, los testigos y sobrevivientes de la matanza indígena eran perseguidos y asesinados. El resto de hombres de la reducción, los que debían seguir aportando la mano de obra a los ingenios y algodonales, recibieron una cinta blanca en el brazo para evitar la represalia.

“La fuerza de haber encontrado las cartas y las fotos no sólo pone fin a ese debate sobre si Lehmann-Nitsche sabía o no, sino que comprueba que la represión continuó durante muchos meses e incluso siendo aniquilamiento, porque fueron a buscar a quienes habían escapado. Muestra la desigualdad que vivían los pueblos originarios y la desprotección”, analizó Dávila y señaló que el temor de los dos antropólogos es una medida de la violencia en la que se vivía: “Si alguien de clase alta, con contacto en Buenos Aires y fuera del país vivía con miedo, qué le quedaba a personas que ni siquiera eran consideradas ciudadanas, que no tenían los mismos derechos como los pueblos originarios.”

La masacre

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1924, cuando una grupo de policías, gendarmes, militares y colonos de la zona enviados por el gobernador de Chaco, Fernando Centeno, reprimió a los tiros una protesta de las comunidades indígenas. El reclamo era por mejores condiciones laborales ya que la provincia les impedía a los miembros de la reducción trabajar fuera del territorio, donde conseguían salarios más altos, y había quitado del 15% de lo que ganaban en las cosechas de algodón a fin para costear los elementos de trabajo. Eso desató el reclamo de la suspensión de ambas medidas. En las protestas se produjeron ataques a los campos de algodón y robo de ganado, pero no hubo violencia. Pero la concentración de indígenas disparó los prejuicios de las élites justificados a través de los diarios.

La justicia

Casi un siglo después de los hechos, la masacre comenzó a revisarse.
Mientras los juicios por los crímenes de la dictadura eran juzgados, las comunidades indígenas de Chaco se preguntaban por qué seguían impunes los hechos de Napalpí. La respuesta se produjo el año pasado con una investigación iniciada por la fiscalía federal de Resistencia que logró recabar el testimonio del único sobreviviente de la matanza que permanece con vida, Pedro Balquinta, de 107 años y el expediente judicial de la época, en el que la justicia local encubrió el hecho.
“El Estado argentino todavía tiene grandes deudas con los pueblos originarios. Se ha avanzado mucho con los juicios en el campo de los derechos humanos pero sobre los pueblos originarios esa reparación histórica es un camino que falta recorrer. Sería una gran noticia que esto llegara a juicio y se pudiera juzgar como crimen de lesa humanidad y mostrar que, pese a que la historia oficial intentó borrarlo, siguen perdurando en la memoria y en los propios relatos de los miembros de estos pueblos. Forman parte de su historia, de nuestra historia, de cómo se construyeron los Estados en Latinoamérica”, manifestó Dávila.

El rol de los medios

“Había habido conflictos con algunos criollos, con la policía. Pensar que ningún indígena se sobrepasaba es ir al otro extremo. Había mucha desigualdad de fuerzas. Los medios tendieron a aumentar la tensión en la zona. Los diarios reproducían una idea de malón o revuelta, de peligro para los criollos que vivían en los alrededores”, analizó la antropóloga.
El diario La Nación advertía por supuestos alzamientos indígenas a los que mencionaba como “malones” y describía “la situación de desamparo en que se encuentran aquellos lugares de donde se han visto obligados a huir para poner a salvo sus vidas ante las amenazas constantes de los malones de salvajes y la absoluta falta de medios eficaces para defenderse”. Días después de la masacre, el diario centenario minimizó y justificó la matanza al sostener que “las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso”. Tanto La Nación como el diario La Voz del Chaco se limitaron a reproducir la versión oficial señalada por el gobierno de Chaco: que se había tratado de luchas entre Tobas y Mocovíes y que sólo habían muerto cuatro personas en manos de la policía. “No sería posible responsabilizar a la policía por la muerte de los asaltantes mencionados, pues bien podría ser el resultado de una venganza ejecutada por los indios tobas recluidos desde hace tiempo como rehenes por los mocovíes, y que en la huída al restituir su libertad, hubieran cometido tales venganzas, dado el antagonismo que existe entre ambas tribus”, sostenía el diario centenario.

Las reducciones indígenas

En 1911, tras una campaña militar sobre el Chaco, se creó la reserva indígena de Napalpí para “acostumbrarlos a la vida sedentaria del agricultor”, según su primer director, Lynch Arribálzaga.

En ese momento, explicó Dávila, las alternativas estaban entre el exterminio o la asimilación. “En 1880 la opción fue el exterminio en el sur y en el norte el disciplinamiento porque se requería mano de obra para la expansión de ingenios y algodonales. La opción del respeto de la diversidad cultural no existía. El tema volvía una y otra vez como problema indígena. En 1910 Lehmann-Nitsche propone que en Argentina se crearan reservas al estilo de Estados Unidos, donde supuestamente pudieran vivir a su manera y que pudieran trabajar en los ingenios y el obraje, dos cosas que no tenían nada que ver con sus medios de vida y que eran de tremenda explotación”, detalló.

“En la reducción había una escuela de la que participaban los niños. La educación era una de las claves, la otra era el trabajo. Buscaba volverse el modelo a seguir y contribuir a la transformación de los indígenas, para que abandonaran sus prácticas y se volvieran ‘ciudadanos’. El respeto por su tradición no era una opción y tampoco habían desaparecido (como sostenía el antropólogo argentino Juan Bautista Ambrosetti, ‘por la codicia del blanco, el alcohol, las enfermedades de los blancos…’) La alternativa era incorporarlo”, agregó la antropóloga.

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