Macri, el Papa, las clases y el gobierno

Por Eduardo Anguita

La política tiene cierta, bastante, independencia del curso de la economía. El fatalismo no funcionó con los pronósticos agoreros de los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner cuando no pocos veían imposible convivir con el default técnico que significaba el impedimento del juez Thomas Griesa a que se efectivizaran los pagos a los bonistas. La Argentina quedó con un escenario económico precario y hasta hace dos semanas se discutía si el techo virtual del gobierno de Mauricio Macri a las paritarias rondaría el 25 o el 26%. Sin embargo, con avances y retrocesos, la recomposición del salario docente en provincia de Buenos Aires significa un incremento del 34,6% y, de acuerdo a la paritaria nacional, ningún maestro ganará menos de $ 7.800 a partir de febrero y 8.500 desde julio. Es decir, un aumento del 40% para dentro de cinco meses. Desde ya, el gremio de los mercantiles, que en 2015 había logrado un aumento del orden del 27%, querrá mirarse en el espejo de los maestros, pero el sector privado difícilmente esté dispuesto a pagar los incrementos otorgados por el gobierno. Menos ventas, precios altísimos y la misma presión tributaria llevan a las patronales del comercio a ofrecer mucho menos.

Es cierto que el gobierno tiene en marcha un plan de ajuste. Pero se equivocan los que ven el diseño de la mano de la caída del consumo y el disciplinamiento laboral como únicas herramientas. El PRO hace un ejercicio de la política que combina heterodoxia económica y necesidad política de ganar consensos y aliados. La presión sobre el bolsillo popular es brutal. El comienzo de las clases, que significa una factura importante para los gobiernos provinciales y el nacional, podría continuarse con un plan antiinflacionario agresivo. O no. También puede ser que el gobierno nacional deje al azar, es decir al juego de los formadores de precios, la tremenda disparidad entre los costos en puerta de tambo o de establecimiento industrial y los precios en las góndolas. Es una decisión política que nadie sabe si Macri está dispuesto a tomar o no. Ochenta días de gobierno no es poco a la hora de evaluar que si la devaluación supera el 50% y la factura eléctrica seis veces más, es preciso poner en marcha algo que defienda el bolsillo del asalariado. Si hoy el INDEC tuviera que medir pobreza se encontraría con un nivel muy, pero muy, elevado. Y aunque los dirigentes gremiales expliquen que el salario no es inflacionario sino que fortalece el mercado interno, lo cierto es que los formadores de precios no reparan en manuales económicos. Son gurkas. Prefieren tirar mercadería antes que remarcar para abajo.

La reunión de Macri con Francisco no fue una buena noticia para el gobierno. Poco tiempo, ninguna sonrisa y una conferencia de prensa en la que Macri quedó solo. Ni siquiera una promesa de viaje en el año del bicentenario de la declaración de la Independencia en Tucumán. El PRO logró dialogar con diputados y senadores opositores respecto de cómo legislar para permitir el final de la negociación con los buitres. Eso pone un horizonte cercano a un bloque político tenso entre sectores opositores y el gobierno. Un sector del kirchnerismo, especialmente de los más cercanos a Cristina, prefiere una distancia ideológica de las iniciativas del PRO. Apuestan a un clima de descrédito y de alta conflictividad. La mayoría de la dirigencia peronista, aunque dispersa, prefiere menos confrontación, creen que un acuerdo con los buitres y el acceso al crédito internacional permitirán recomponer las arcas nacionales, la obra pública y será también el acceso al endeudamiento de las provincias. Atención endeudamiento no es inversión. Es tomar dinero del circuito financiero para amortiguar los vencimientos, para hacer frente a las necesidades de caja y para esperar que lleguen a verse cuáles serán las ventajas que la Argentina tiene en un escenario internacional restrictivo y un país sin crecimiento en la producción y sí en los precios.

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