Amplio rechazo a la decisión del gobierno de restringir la protesta social

Dirigentes políticos, organizaciones sociales, de derechos humanos y de prensa cuestionaron el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas que se aplicará por primera vez este miércoles, cuando se realice la movilización convocada por ATE.

“¿Qué pensás acerca del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas?”, preguntó el Ministerio de Seguridad en las redes sociales. “¿Estás de acuerdo con evitar los cortes de calles, rutas y autopistas?”, insistió, en un focus group virtual que intenta determinar el humor social tras el anuncio de la medida.
A pocos días de que se aplique por primera vez del Protocolo, durante el paro general que sufrirá el gobierno nacional convocado por ATE para el miércoles, la respuesta al Protocolo lanzado por la ministra Patricia Bullrich ha sido hasta ahora el rechazo. Por lo menos, así se desprende de las manifestaciones públicas de dirigentes políticos, organizaciones sociales, de derechos humanos y de prensa.

Además de la defensa ensayada por los funcionarios macristas, a la que se sumó ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, la decisión del gobierno nacional tuvo el respaldo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el giño de Hugo Moyano, secretario General de la CGT.

Desde el polémico anuncio de Bullrich, en el que aseguró que darán cinco minutos a los manifestantes para “que se vayan por las buenas”, el Protocolo recibió muchas críticas por la limitación al derecho a la protesta y a la libertad de prensa.

Uno de los más duros fue el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al considerar que “no prohíbe la portación de armas de fuego de los policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes”, y que refleja “un cambio de enfoque que prioriza la represión de las protestas sociales”.

El CELS cuestionó también que “limita la tarea de los trabajadores de prensa en la cobertura de las protestas”.

Sobre ese punto también se refirieron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), quienes se opusieron a estas nuevas restricciones.

El SiPreBA repudió la aprobación del Protocolo así como el intento de “censura como forma de cobertura para el proceder violento de la policía”, en referencia al artículo que establece que “periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada”.

“Los trabajadores de prensa no aceptamos ‘liberar la zona’ para que la policía reprima sin que queden evidencias. No nos van a encerrar en un corralito”, manifestó el sindicato en un comunicado aprobado por unanimidad en una multitudinaria segunda Asamblea General.
ARGRA, por su parte, se sumó a las críticas sobre este “corralito periodístico” que “solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

Al rechazo se sumaron Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y La Justicia (ACIJ) y la Comisión Provincial por la Memoria. Esta última advertió que “cualquier decisión política que cercene el legítimo derecho a peticionar constituye una vulneración de las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

Desde la CTA, Hugo Yasky también criticó el protocolo al considerar que “muestra la voluntad de reprimir al pueblo”, y rechazó las declaraciones de Bullrich: “No se puede pensar que en cinco minutos se puede resolver la protesta social”.

En el mismo sentido se pronunciaron el diputado nacional por el PTS, Nicolás Del Caño, el diputado provincial de Neuquén por el PTS-Frente de Izquierda Raúl Godoy, las diputadas nacionales del Frente de Izquierda Myriam Bregman y de Libres del Sur Victoria Donda.
A raíz de los cuestionamientos, el ministro de Justicia debió salir a aclarar que “no hay medidas inconstitucionales en el Protocolo” durante una entrevista con FM Rock&Pop. Sorpresivamente, Hugo Moyano también respaldó la decisión del macrismo al considerar que “no es lógico que la protesta de un sector de trabajadores recaiga sobre el movimiento y el trabajo de otros trabajadores”, sin embargo aclaró: “Si a nosotros se nos produce un hecho de despidos o de otros reclamos de los trabajadores lo vamos a reclamar como corresponde, con protocolo o sin protocolo, porque los camioneros somos así”.

Garavano: “Hay que ver cómo funciona antes de criticar”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió el protocolo de seguridad que busca regular las manifestaciones en las calles y aseguró que no encuentra “cuestiones inconstitucionales” en el texto, tal como fue cuestionado desde algunos sectores. Para Garavano, el gobierno anterior encabezado por la ex presidenta Cristina Fernández “se cansó de reprimir”, y este protocolo aprobado la semana pasada es apenas una “herramienta de acción” para las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales.

En diálogo con radio Rock & Pop, el funcionario nacional dijo que no le parecen “válidas las críticas al protocolo” y pidió “prudencia” antes de atacar la decisión del gobierno. “Sería más prudente ver cómo funciona y después criticar. Hay que esperar antes de lanzar las críticas”, abundó.

El gobierno convocó a “analizar” el recorrido de la marcha

Una unidad ejecutora del Protocolo de Actuación en manifestaciones públicas convocó para hoy por la tarde a las organizaciones sociales y sindicales que participen de la movilización de este miércoles durante el paro general de ATE.

El encuentro buscará “dialogar y analizar el recorrido que realizarán”, señaló el Ministerio en un comunicado. “Entendemos necesario que la ciudadanía pueda estar al tanto, con antelación, de la traza que tomarán las protestas, en cada uno de los puntos del país en el que se desarrolle”, indicaron. El encuentro de este lunes tiene como fin “adecuar el recorrido para que sea compatible con el Protocolo”.

Tras la reunión, el Ministerio convocará “a los responsables de las áreas de Seguridad de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, para dar conocimiento de aquellos lugares en donde se lleve a cabo la protesta”.

La unidad ejecutora del Protocolo está integrada por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; el director de Violencia Institucional, Daniel Barberis; la subsecretaria de Participación Comunitaria, Elizabeth Caamaño; y el director de Comunicación, Carlos Cortés.

Qué dice el protocolo

El protocolo aprobado la semana pasada recuerda que “el Estado debe brindar la certeza de que todos los miembros de la sociedad pueden gozar de los mismos derechos, por ello, la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro”.

  • “Es deber del Estado asegurar el orden público, la armonía social, la seguridad jurídica y el bienestar general, por ello ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos debe lograr su inmediato restablecimiento”.
  • “Debe brindar certezas respecto del accionar de las FFSS ante la situación de manifestaciones en la vía pública, y garantizar que ante tal situación, los derechos de la ciudadanía en general, del personal de las FFSS y de los manifestantes, se encuentren protegidos por el Estado”.
  • “Las Fuerzas de Seguridad federales, provinciales y de la CABA (…) deben garantizar la libre circulación de personas y bienes”.
  • Ante la orden policial, “los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”.
  • “Las fuerzas de seguridad federales y provinciales dictarán protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”.
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